El caso de los Nule donde están embolatados más de quinientos mil millones de pesos, puede ser una bicoca en comparación con los compromisos que el Gobierno de Uribe firmó para proyectos de infraestructura con cargo a vigencias futuras.
Teniendo en cuenta la naturaleza anual del Presupuesto General de la Nación (PGN), las vigencias futuras aparecieron como herramienta para permitir el desarrollo de proyectos de inversión especialmente en infraestructura, necesarios para el desarrollo del país, y recientemente, también como caja mayor de los corruptos.
Durante los dos gobiernos de Uribe se despertó un gran interés por el uso de este instrumento, supongo que con el fin de solucionar los problemas de infraestructura del país, que son muchos. De acuerdo con el documento REGLA FISCAL PARA COLOMBIA preparado por un comité técnico interinstitucional en el que participaron miembros del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación (Ver documento), hay aproximadamente 1,4 billones de pesos en vigencias futuras destinados sólo a contratos de concesión, sí, contratos como los del grupo Nule. Pero, ¿hay que preocuparse?, ustedes juzguen: Los contratos de concesión son apenas una muestra de lo que se puede venir pierna arriba, estos contratos representan apenas el 6% del total de vigencias futuras destinadas a financiar proyectos de inversión autorizados durante las administraciones Uribe, es decir, la feria de contratos en los últimos años ha sido grande, muy grande y las contingencias que el Estado puede enfrentar en el futuro pueden ser inmensas.
Nadie niega que todos los proyectos planteados sean importantes para sacar a Colombia del atraso en infraestructura en que se encuentra, pero dados los titulares recientes, en un país donde las firmas constructoras tienen más abogados que ingenieros, da mucho temor de que lo sucedido con los Nule y sus contratos de concesión en Bogotá sea sólo una muestra de lo que está pasando con el resto de contratos en el resto del país. De ser así el total de los recursos comprometidos por la administración Uribe para proyectos de infraestructura se eleva 23 billones de pesos, una bicoca equivalente al 36% del total del Presupuesto General de la Nación aprobado para el 2011, o a que cada uno de los 17 millones y medio de afortunados colombianos que se encuentran ocupados hoy según el DANE se bajara del bus con un millón trescientos mil pesos (1, 316,719) pasa salir de esas culebritas.
Sólo queda rezar entonces para que el resto de recursos destinados a obras de infraestructura financiados con vigencias futuras se encuentren en mejores manos que las de los concesionarios de Bogotá. Habrá que encomendarse a San Uriel.
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